La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la jefe de la cartera aparentemente pasó por alto dar cumplimiento a los artículos 1, 2 y 6 del Decreto 1670 de 2019. En el mismo sentido, el organismo de control buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por la servidora se materializó un posible detrimento del patrimonio público por la eventual pérdida de los recursos que a la fecha ya han sido cancelados, con lo que pudo desconocer los principios de la contratación estatal y de la función administrativa.
Finalmente, la Entidad ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, para determinar si constituyen faltas disciplinarias, el posible perjuicio causado y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Con información de Oficina de Prensa PGN
